San Juan del Río, Querétaro, 28 feb 18.- Luego de que se confirmará que una enfermera del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Juan del Río fuera puesta a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) tras introducir tres teléfonos celulares y presuntamente droga para los reclusos, el secretario de gobierno en el Estado, Juan Martín Granados Torres expresó que se implementará un plan operativo más estricto para salvaguardar a los trabajadores y a las personas que se encuentran privadas de su libertad.
De acuerdo con la Ley de Ejecución Penal todas las personas que ingresan al centro penitenciario no pueden introducir ningún dispositivo de comunicación, por lo que enfatizó que todos los días existe un proceso de revisión de vigilancia y de cuidado, al aseverar que se tomarán acciones para que en todos los centros penitenciarios se mantengan las cosas en tranquilidad.
Agregó que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servien, instruyó la implementación de un operativo modelo conforme a la nueva ley nacional de Ejecución de sanciones, al enfatizar que la primera etapa se realizó el año pasado y la segunda se llevará a cabo a más tardar en noviembre.
“Se va a hacer lo que se tenga que hacer, obviamente a la brevedad, no solamente en San Juan del Río, si no en cualquiera de los 5 centros de detención, (…) antes de que lleguemos a la fecha que establece la ley nacional vamos a tener completo y en operación plena nuestro modelo”, aseveró.
Aunque no abundó si se podrían reforzar los mecanismos de contratación de personal, reiteró que: “Se tendrá que hacer, lo que se tenga que hacer”.
Este caso salió a la luz durante el fin de semana, cuando algunos reclusos del CERESO de San Juan del Río denunciarán que la enfermera y a los subdirectores del inmueble cobraban cuotas para permitir el uso de teléfonos celulares al interior, por lo que se inició una investigación en contra del personal.
