Querétaro.- Con una asistencia registrada superior a las 2 mil 200 personas entre ambos días, provenientes de todos los estados de la República, concluyó el III Congreso Cosmos “Justicia Penal y Derechos Humanos” 2019, en la que se tuvo la participación de 7 conferencistas y 13 panelistas locales, nacionales e internacionales expertos en la materia de justicia penal.
Durante la edición 2019 se contó con la aportación invaluable de instancias internacionales como la Agencia Norteamericana USAID de la Embajada de los Estados Unidos de América y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo autónomo de la OEA.
Al término del III Congreso Cosmos se llegó a la conclusión que seguridad no es sinónimo de justicia, debido a que son dos sistemas que interactúan en el marco del Estado de Derecho.
De igual forma, se puede determinar que el Sistema Acusatorio y Oral es un sistema garantista que se caracteriza por ampliar el acceso a la justicia, de tal manera que el incremento de las denuncias es realmente un reflejo del procedimiento penal: sin denuncia, no habrá justicia.
La experiencia Latinoamericana nos mostró que entre las amenazas para el éxito de la justicia penal, están las contrarreformas que obedecen a contextos políticos y afectan desde las decisiones más pequeñas o llegan a tocar aspectos torales como los derechos humanos o la inercia por penalizar toda clase de conductas, pasando por alto que el derecho penal debe ser el último instrumento del estado para mantener el orden.
Es importante mencionar que la operación no debe convertirse en algo automático propio del conformismo, cada operador debe brindar una atención bajo procesos especializados, de calidad, para dar respuesta al ciudadano bajo una lógica proactiva, pues al final del día, la labor de los policías, fiscales, defensores, jueces y demás autoridades, proporciona información para detectar mercados criminales y formas de operación que se transformarán en la justificación de las políticas públicas a diseñarse en los sistemas de seguridad y de justicia.
La coordinación de los operadores no contraviene disposiciones constitucionales, por el contrario, es un ejemplo patente de los dispuesto en los artículos 49 y 116 de nuestra Carta Magna, de la interacción que debe existir para garantizar la permanencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En Querétaro esa coordinación está dispuesta en la Ley Cosmos, que plantea una instancia sin niveles jerárquicos, conformada por autoridades respetuosas de sus competencias que reconocen la necesidad de vincularse por su razón de ser: garantizar el acceso a la justicia.
La Ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, publicada el 3 de octubre de 2018, constituye la primer Ley en el país que establece una instancia de coordinación entre las autoridades e instituciones que participan en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Asimismo, la participación ciudadana siempre enriquecerá la toma de decisiones de las autoridades, pues transmite ideas, escenarios y realidades, son los ojos y oídos del día a día de la sociedad exigente de mejora constante del acceso a la justicia y de quienes estamos inmersos en ella; nos observan, evalúan y comparan, provocando a las entidades federativas a la innovación para afrontar eficazmente los retos de México en materia de Justicia Penal.
Cabe mencionar que en Querétaro, a través del uso de la tecnología, es posible e inmediata la recepción de la denuncia y la coordinación estrecha entre las corporaciones policiales y la Fiscalía, siempre en beneficio de las víctimas.
Además, la entidad se plantea la creación de una instancia que asegure la permanencia de las acciones de evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el resto de las entidades federativas.
Finalmente es relevante mencionar que el trabajo para desarrollar los modelos de operación será horizontal, entre estados, que permita acciones regionales donde se adopten las mejores prácticas.
El desarrollo tecnológico es fundamental para operar la justicia oral; debe ser considerada la herramienta fundamental para lograr la armonía institucional y, Querétaro, es el estado que lo ha logrado.
