Al presidir el arranque de los trabajos de la Comisión que implementará el Sistema de Justicia Penal Acusatoria, el gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó categórico que no habrá más abusos de poder en contra de ninguna o ningún queretano.
“Como gobierno inscrito en la modernidad, es nuestro deber ofrecer al ciudadano un sistema de justicia en el que pueda confiar (…) Nuestra convicción es lograr la paz”, dijo.
En presencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, el mandatario estatal refrendó la convicción de su administración para evolucionar mediante una aplicación humana de la ley y un pleno respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el mandatario, su administración hace el mayor esfuerzo para alcanzar un sistema de justicia penal pronta y expedita, que garantice juicios transparentes, privilegie la verdad, la justicia y la reparación del daño a la víctima, promueva la reinserción del acusado y mejore la convivencia social.
Pero, sobre todo, que no distinga clases sociales y asegure que prevalezca la libertad de los ciudadanos frente al poder con equidad, justicia y orden.
Además de agradecer a los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad que tendrán a su cargo la implementación del Sistema de Justicia Penal, Francisco Domínguez subrayó que este tipo de actos honran el papel relevante que Querétaro ha desempeñado en el orden jurídico nacional.
En Querétaro –continuó- estamos trabajando de forma intensa para destacar a nuestro Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como un referente nacional e internacional.
La transformación emprendida por la administración estatal comprende reingeniería de los sistemas, definición de los mejores perfiles, selección y capacitación eficaz y un sistema único de información.
Planteó que además de los objetivos arriba señalados, la implementación del sistema basado en juicios orales tiene como metas paralelas el combate a la impunidad y el descrédito que ha recaído sobre las instancias encargadas de procurar justicia.
Detalló que la principal característica del Sistema es su integralidad, que permite atender las necesidades de todos los operadores.
El cambio de paradigmas buscado reside en buena medida en la implementación de medios alternos de solución de conflictos, donde la mediación no sólo conlleve el acuerdo, sino también una verdadera restauración y Ministerios Públicos especializados en justicia comunitaria.
Por su parte, María de los Ángeles Fromow afirmó que el gobierno de Querétaro cuenta con el apoyo irrestricto del Gobierno de la República para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, para el que Francisco Domínguez mantiene un compromiso patente.
Recordó que desde la transición de la administración, el gobernador electo le pidió un acompañamiento permanente para llevar adelante el nuevo sistema en la entidad queretana.
A su vez, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, hizo la presentación de los avances, señalando que a partir de julio del presente año se iniciaron los trabajos de la implementación del Sistema con la integración de 17 equipos de trabajo en diversos temas, los cuales se enfocarán a dos aspectos principales, el establecimiento de un sistema de justicia restaurativa efectiva, lo que conlleve a la obtención de una cultura de paz en el estado.
Con el desarrollo de este planteamiento, Querétaro se convertirá en punta de lanza por el grado de integración que se logrará en todos los aspectos, jurídico, informático, metodológico y de procedimientos que involucrará a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, concluyó.
Entre otros asistentes a esta primera sesión se encontraban el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados; el Procurador Alejandro Echeverría Cornejo; la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Consuelo Rosillo Garfias; Benjamin Garret, USAID México; Alejandro Ponce de León, Director General de Pro Justicia.
