El diputado local Rosendo Anaya Aguilar, hizo nuevamente un llamado al Poder Ejecutivo del Estado para que publique la “Ley para la Intervención de Personas Indígenas en Juicios y Procedimientos Contenciosos del Estado de Querétaro”, luego de que las indígenas amealcenses, Paula Alejo Hipólito y Juliana Hipólito Benito, detenidas el pasado 27 de junio, no han podido rendir su declaración porque en el Ministerio Público no existe intérprete traductor de su lengua materna.
Recordó que dicha ley se aprobó por unanimidad en el pleno de la legislatura el pasado 28 de abril del 2014, y tiene por objetivo atender la problemática que enfrentan las personas provenientes de pueblos indígenas cuando entran en contacto con las instituciones de procuración e impartición de justicia, sin embargo, luego de un año de su aprobación, esta ley no ha sido publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado.
Explicó que a falta de intérpretes y defensores públicos, los indígenas presos no tienen una buena defensa que vele por sus intereses legales y que pueda apoyarles a entender en términos de su cultura, las particularidades de su proceso jurídico, así como explicarles lo que sucede en su audiencia.
“El Poder Ejecutivo dice que esta ley es innecesaria porque en nuestro marco jurídico local, ya se señala este derecho de los indígenas a ser asistidos por un intérprete, pero hasta el momento no se lleva a cabo esta acción… la prueba está en que hay más de 30 personas presas en los Centros de Reinserción Social de la Entidad, de los cuales, la mayoría no han recibido ni la asistencia de un intérprete, ni el apoyo de un defensor que conozca de su lengua y su cultura”, manifestó el legislador amealcense.
Finalmente, Rosendo Anaya señaló que los presos indígenas en México, no sólo sufren de condenas injustas por no hablar español, sino que también son víctimas de detenciones arbitrarias, incomunicación, tratos crueles, carencia de intérpretes y defensores públicos que les den asesoría jurídica inmediata, así como una deficiencia en la atención médica -si es que ésta se les brinda-, situaciones que pretenden ser erradicadas con la publicación de la ley en mención.
