En sesión solemne de la LVII del Estado, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 29 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Carlos Manuel Septién Olivares, hizo entrega formal al Poder Legislativo del informe por escrito sobre el estado que guarda la impartición de justicia en la entidad, el cual refleja el trabajo desarrollado en el Poder Judicial a partir de junio 2014.
A la sede legislativa asistieron Magistradas, Magistrados e integrantes del Poder Judicial. Luego de ello el presidente de la Mesa Directiva, Marco Antonio León Hernández solicitó a la Comisión de Cortesía integrada por los Diputados de la Comisión de Administración y Procuración, Luis Bernardo Nava Guerrero, Germán Borja García y Gerardo Sánchez Vázquez, acompañar al interior del recinto legislativo al Magistrado Presidente del TSJ, Carlos Septién Olivares y al secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, en representación del Gobernador José Calzada Rovirosa. Acto seguido se rindieron los honores a la Bandera y la entonación del himno nacional.
Posteriormente con fundamento por el Artículo 29 Fracción VII de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Magistrado Presidente Carlos Manuel Septién Olivares hizo uso de la voz, a efecto de dar cumplimiento con dicha disposición constitucional y a nombre del Poder del Judicial del Estado poner a consideración de la LVII Legislatura el informe sobre el estado que guarda la impartición de justicia en la entidad, entregando para ello el documento impreso al presidente de la Mesa Directiva, Diputado Marco Antonio León Hernández.
En su mensaje, el Magistrado Presidente expresó que acude a este acto con la convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas, son los principios fundamentales que deben estar presentes en todo estado que se precie de ser un Estado de derecho. Dijo que en estos días, la dinámica social y política del entorno ha cambiado drásticamente, en medio del progreso de la ciencia y los avances tecnológicos, la cultura y la ideología de la sociedad han dado un giro impresionante.
Mencionó que el Tribunal Superior de Justicia ha tenido que adaptarse a esas nuevas exigencias, implementando estrategias que le permitan con esfuerzo cumplir con la misión de la impartición de justicia.
Indicó “con el informe que entregamos, damos cuenta de las labores jurisdiccionales realizadas por trece magistrados, setenta y cuatro jueces en todo el Estado y las actividades administrativas gestionadas por los casi mil 200 empleados, quienes día a día aportan su talento y esfuerzo en la trascendental tarea de impartir justicia para garantizar a todos los queretanos un clima de paz social”.
Comentó que en segunda instancia, los y las magistradas que integran las seis salas radicaron 4 mil 399 tocas y emitieron 5 mil 050 sentencias, así mismo, señaló que en primera instancia, en materia civil y mercantil radicaron 32 mil 942 expedientes, recibieron 312 mil 802 promociones y dictaron 9 mil 080 sentencias, es decir, el 65.15% de los procesos iniciados correspondieron a la materia mercantil.
En el Sistema Penal Mixto, comentó que radicaron 3 mil 931 expedientes, se recibieron 67 mil 441 promociones y se dictaron 18 mil 983 sentencias. Al hablar del nuevo Sistema Penal Acusatorio mencionó que iniciaron 247 carpetas, se recibieron mil 392 promociones y se desahogaron 505 audiencias. De los delitos que se registraron con mayor incidencia destacó el robo a vivienda, a establecimiento comercial y el robo simple, que representaron el 23.29% de los asuntos consignados. Sobre la materia familiar señaló que se registró un considerable incremento, radicaron 15 mil 500 expedientes, se recibieron 172 mil 905 promociones y se dictaron 7 mil 053 sentencias, siendo la acción de divorcio la de mayor incidencia ya que representó el 28.96% de los expediente radicados.
Así mismo destacó que para atender debidamente la labor jurisdiccional, la plantilla de jueces en esta administración se incrementó con 14 plazas más. “Para el debido fortalecimiento en capacitación institucional, el instituto de especialización judicial impartió 753 sesiones de capacitación y difusión jurídica, mismas que significaron 2 mil 841 horas clase con 3 mil 320 participantes”.
Con respecto a las reformas constitucionales por cuanto a la materia mercantil, dijo que cumplieron en tiempo y forma al dotar a todas las cabeceras de los distritos judiciales del estado con salas orales totalmente equipadas y en funcionamiento, aun en los municipios más pequeños y apartados y en cuanto a la capital queretana, argumentó que se han adecuado cinco salas orales.
Reiteró en cuanto a la implementación de la reforma penal, que el 2 de junio del 2014, dio inicio el sistema de Justica Penal Acusatorio en los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Amealco de Bonfil y Huimilpan. Para la segunda etapa el 29 de septiembre del 2014 se arrancó en los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, San Joaquín, Tolimán, Colón, Peñamiller, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, añadió que la última etapa arrancará el 1 de septiembre de 2015 en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, dando cumplimiento con la implementación del Sistema de Justicia Penal en todo el territorio 9 meses antes de la fecha límite que marca la reforma constitucional para que opere en todo el país.
Para concluir, dijo que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura la cual preside no se mantienen estáticos, se modernizan y avanzas siempre apoyado en el trabajo de hombres y mujeres comprometidos con su labor y su estado. Reconoció el trabajo que se tuvo de manera conjunta con los Diputados de la LVII Legislatura en especial el legislador Luis Bernardo Nava quien preside la Comisión de Administración de Justicia, así como con el Diputado Germán Borja García, quien preside la Comisión de la familia. De igual manera resaltó el trabajo que se tuvo con los presidentes que han presidido esta honorable legislatura, Diputados Jorge Lomelí Noriega, Braulio Guerra Urbiola y Marco Antonio León Hernández.
Acto seguido, el presidente de la Mesa Directiva, Marco Antonio León Hernández, expresó que se tiene por presentado el informe sobre el estado que guarda la impartición de justicia en la entidad por parte del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Manuel Septién Olivares, turnándolo a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos a que haya lugar.
A continuación se le concedió el uso de la máxima tribuna al Diputado Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente de la citada Comisión legislativa, quien expresó que el diseño y la adecuada armonía para proteger los derechos y libertades de los individuos, debe residir en instituciones que gocen de imparcialidad, honradez y eficiencia, entre otros valores, que generen un ambiente social de paz y sobre todo de certidumbre jurídica. Indicó que el quehacer del poder judicial, no es menor, debe guardar y honrar a la sabiduría, la prudencia, la imparcialidad en cada acto de autoridad.
Añadió que el adecuado funcionamiento del poder judicial, depende de la eficaz coordinación de todos los entes sociales y gubernamentales, vertidos en dos verbos: procuración y administración de la justicia. Dijo que la sociedad es dinámica y los tres poderes del Estado deben tomar con seriedad y responsabilidad aquello que aqueja a los habitantes. “No puede existir un sano desenvolvimiento ni desarrollo social si la justicia no está presente en todos los rincones del Estado, no podemos hablar de una sociedad democrática y segura si el sistema de justicia es endeble, por ello, insisto en que la triada, de los poderes del estado debe fortalecerse todos los días y funcionar de manera concatenada”.
Pidió seguir trabajando por un Querétaro cada vez más armónico y pacífico, pues dijo que como diría Antoine de Saint-Exupery autor de “El Principito”: La justicia es el conjunto de normas que perpetúan un tipo humano en una civilización, y esa es la motivación que debe regir y edificar las estrategias estatales en materia de administración e impartición de justicia.
