San Juan del Río, Qro., noviembre 13 del 2017.- En conferencia de prensa, celebrada en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales Alberto Elías Beltrán, dio a conocer sobre la detención de Samuel “N”, uno de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno Federal y fue como resultado del trabajo conjunto entre las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, el día de ayer, 12 de noviembre, participando personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Dicho operativo policial se realizó en la capital del estado de Querétaro, sin uso de violencia ni afectación a terceros. Puesto que Samuel “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Cuarto Especializado en Procesos Penales Federales en el municipio de Toluca, Estado de México, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizada.
Asimismo, tiene tres órdenes de aprehensión vigentes del Fuero Común, por los delitos de Secuestro y Homicidio, dos de ellas emitidas por la autoridad judicial del estado de Chihuahua y una tercera por Sinaloa.
A esta persona se le relaciona con una organización delictiva con presencia en la entidad sinaloense llamada “Los Mazatlecos”, además de ser identificado como uno de los probables responsables del trasiego de estupefacientes, desde Baja California, hacia los Estados Unidos de América.
Samuel “N”, de 34 años de edad, originario de Sinaloa, es considerado como uno de los principales generadores de violencia en el sur de la entidad de la cual es originario, además de caracterizarse por el alto grado de violencia ejercido contra sus víctimas.
Cabe señalar que la detención de esta persona se llevó a cabo en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos.
El asegurado, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a fin de determinar su situación jurídica.
