Establecerán mecanismos para realizar diagnósticos basados en programas de intervención integral en distintas colonias y comunidades del estado de Querétaro
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) firmaron un convenio de colaboración para establecer los mecanismos necesarios para el diagnóstico de problemáticas sociales en diversas colonias del municipio de Querétaro.
De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se hizo la estimación de un Índice de Marginación Urbana por Colonia para el Estado de Querétaro y se obtuvo que 279 cuentan con grado de marginación alto y 60 muy alto, Querétaro con 55 colonias y San Juan del Río con 67 son los municipios de mayor incidencia.
El titular de SEDESOQ, Agustín Dorantes Lámbarri, agradeció la participación de instituciones como la UAQ, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues señaló que a partir de esta se cuenta con una intervención efectiva, pero también permanente.
“Si juntamos a la sociedad civil organizada, a la academia y empresas que deseen ser socialmente responsables, podremos lograr este conjunto de factores con los que vamos a incidir en el desarrollo de las personas”, apuntó.
Agregó que desde SEDESOQ se implementan diversas políticas públicas, a fin de tener impacto directo en los ingresos, educación y el lugar en donde viven las y los ciudadanos, para generar las condiciones que permitan un mejor desarrollo y eliminar barreras.
El secretario Particular de la UAQ, Luis Alberto Fernández García, indicó que la labor de la Facultad de Ciencias Políticas es una extensión de lo que se debe hacer, pero no sólo con ideales, sino también de manera práctica, de esta manera, explicó, el convenio se convierte en un laboratorio que da frutos.
Cabe destacar que la estrategia de combate a la pobreza en Querétaro consiste en implementar la movilidad social para que las condiciones de nacimiento de una persona no determinen su futuro, por ello se implementan tres ejes: garantizar un piso mínimo de derechos, red de protección a grupos vulnerables y potenciar las capacidades productivas de las personas.
