En rueda de prensa, Adolfo Camacho, precandidato a la gubernatura del estado exigió que no se privatice el agua porque es un dictamen que atenta contra todo principio de derechos humanos.
Camacho comentó que a inicios de esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen que atenta contra todo principio de derechos humanos; “fueron los integrantes de la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados los que aprobaron un dictamen para la promulgación de una Ley General de Aguas, la cual va orientada a la privatización del vital líquido”.
Afirmó que el artículo cuarto constitucional dispone de manera muy enfática el derecho de acceso equitativo al agua para todos los mexicanos; “el proceso de discusión y aprobación del dictamen de esta ley reglamentaria se hizo en secreto y a espaldas de la ciudadanía por lo que exigimos que toda disposición respecto al tema deberá hacerse con base en la participación ciudadana”.
El precandidato aseguró que lo realmente grave de este dictamen es considerar al agua como un bien económico y no un bien común; “el aprovechamiento del agua corresponde a la sociedad en su conjunto, por lo que la práctica de mover grandes volúmenes de una cuenca a otra no tiene más límite que el interés económico de quienes lo realizan”.
Agregó que dicho dictamen desconoce cualquier forma de regulación que atienda a la protección de los ecosistemas o del interés público; “en lugar de referirse a actividades, causas y formas de contaminación del agua, remite a un listado de contaminantes cuya presencia difícilmente puede ser comprobada, además de que tampoco habla del derecho que corresponde a quienes viven en las ciudades a las que se lleva el agua”.
Camacho informó que el Partido de la Revolución Democrática considera que el contenido del dictamen no sólo es violatorio de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, sino que pone en riesgo a la naturaleza y a la sociedad mexicana en su conjunto; “su entrada en vigor implicaría mayor desigualdad en el acceso al agua, un aumento de las tarifas y la puesta en riesgo de la integridad de los ecosistemas”.
Finalizó haciendo un llamado a los diputados y las diputadas del Congreso de la Unión para que cierren el paso a una legislación que compromete la viabilidad de una sociedad con justicia y equidad; “los exhortamos a que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en México proteja el interés de largo plazo de los mexicanos y considere la participación de la ciudadanía en los usos y manejos de este recurso”.
