San Juan del Río, qro. 10 Abril 2018.- Integrantes de la delegación sanjuanense de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, se sumaron a la movilización nacional de esta organización para exigir mayor seguridad en autopistas y el freno al alza en los combustibles. Los operadores mantuvieron sus unidades en la carretera 57 a un costado de la caseta de Cobro de Palmillas.
Francisco Leyva Luna, delegado de la AMOTAC en San Juan del Río aseguró que en los últimos años han incrementado los asaltos a transportistas, un queretano incluso, fue víctima de secuestro, y otro se encuentra hospitalizado en coma, debido a que recibió impactos de bala cuando intentó huir de los asaltantes.
Explicó que, de acuerdo con los protocolos de trabajo, los operadores de transporte están obligados a realizar pausas en sus trayectos para descansar en horarios específicos, o en caso contrario son acreedores a multas. Sin embargo, para los transportistas se ha vuelto imposible realizar estos descansos carreteros debido al incremento de inseguridad.
Por otra parte, dijo que los incrementos en costos de combustible se han vuelto insostenibles. Detalló que el 70% de los gastos de operatividad de un transportista recaen en la adquisición de hidrocarburos. De igual forma el incremento en las cuotas de peaje merman sus ganancias en sus servicios de transportación.
Francisco Leyva dijo que el encarecimiento del combustible, podría orillas a algunos transportistas a adquirir hidrocarburos de procedencia ilícita, sin embargo, aseguró que esto también representa un riesgo a la seguridad del sector.
Los transportistas consideraron que este es uno de los peores momentos para el país y para el sector, debido a los altos índices de inseguridad registrados, a las pérdidas millonarias por el robo al transporte y mercancías, lo que a la vez derivó en un incremento exorbitante de los seguros.
Los transportistas exigieron a las autoridades mejores condiciones para trabajar, mediante un freno al encarecimiento del combustible, a las altas multas impuestas por autoridades locales y federales por permisos para operar.
